Directiva NIS2 (IV): el coste del incumplimiento en Ciberseguridad

8 de julio de 2025

Como hemos visto en entregas anteriores de esta serie sobre la Directiva NIS2, las organizaciones y empresas que no cumplan los requisitos establecidos se verán obligadas a enfrentarse a graves sanciones económicas, restricciones operativas y daños reputacionales que pueden socavar e incluso agravar su posición en el mercado.

Estas amenazas van mucho más allá de las multas: constituyen riesgos existenciales para las organizaciones.

El incumplimiento acarrea cuantiosas sanciones económicas, estructuradas según la gravedad de las infracciones y la categoría de la entidad afectada. Se contemplan multas de hasta 10 millones de euros o el 2 % del volumen de negocio global para entidades esenciales, y de hasta 7 millones de euros o el 1,4 % del volumen de negocio para entidades importantes.

A diferencia de muchas otras normativas, la NIS2 vincula las multas a la facturación global, lo que implica que las organizaciones multinacionales podrían enfrentarse a pérdidas sustanciales. Imaginemos una empresa que incumple los requisitos: un descuido en materia de Ciberseguridad podría traducirse en sanciones directas millonarias, lo suficientemente significativas como para afectar los márgenes de beneficio y comprometer la confianza de los inversores.

Más allá de las multas: medidas coercitivas y consecuencias legales

Pero más allá de las sanciones económicas, también se contemplan restricciones empresariales, riesgos de responsabilidad civil profesional y posibles cierres. Los reguladores no se limitarán a imponer multas: tienen autoridad para suspender operaciones empresariales y exigir responsabilidades a los ejecutivos.

El incumplimiento puede dar lugar a:

Prohibiciones operativas.
Auditorías obligatorias.
Batallas legales y demandas.
Multas administrativas.
Inhabilitación para desempeñar funciones directivas.
Responsabilidad penal.
Demandas civiles

Los incumplimientos podrían incluso conducir a reestructuraciones forzosas o a la salida del mercado, especialmente en sectores altamente regulados. Esto subraya que no cumplir puede desencadenar daños colaterales como la pérdida de asociaciones corporativas, la rescisión de contratos con proveedores y un mayor escrutinio por parte de los organismos reguladores.

Esta realidad pone de manifiesto que la Ciberseguridad no es solo una cuestión técnica, sino un imperativo organizativo que debe integrarse en los órganos de gobierno corporativo. Un elemento fundamental es la responsabilidad tanto de los ejecutivos como de los miembros de los consejos de administración: deben asegurarse de que la gestión de los ciberriesgos sea una prioridad absoluta para evitar repercusiones legales, daños reputacionales y otros riesgos derivados.

Ignorar o inhibirse de la Ciberseguridad es un riesgo profesional para los ejecutivos.

El coste reputacional de una brecha

Las repercusiones financieras y legales son graves, pero el impacto reputacional puede ser aún más perjudicial. En el modelo económico digital actual, la confianza es una ventaja competitiva, y una brecha de Ciberseguridad que se haga pública puede provocar:

Pérdida de clientes que opten por competidores con prácticas de Ciberseguridad más robustas.
Desconfianza de proveedores y socios, lo que puede derivar en rescisión de contratos e interrupciones en la cadena de suministro.
Escepticismo de los inversores, que puede traducirse en una caída del precio de las acciones y pérdida de confianza de los accionistas.

Las brechas de Ciberseguridad pueden convertirse en crisis públicas altamente visibles, especialmente si afectan a un gran número de clientes o interrumpen servicios esenciales.

El coste de reconstruir la confianza tras un ciberincidente suele ser mayor que el de haber cumplido desde el inicio con las exigencias normativas.

Un entorno regulatorio más exigente

Los organismos reguladores ya han demostrado su voluntad de hacer cumplir las normativas en materia de Ciberseguridad. Un ejemplo claro es la GDPR, que ha impuesto multas multimillonarias a empresas por vulneraciones en la privacidad y protección de datos. En paralelo, DORA está ampliando su alcance en el sector financiero.

Vemos un camino similar con la NIS2: es muy probable que los reguladores sean extremadamente rigurosos con el cumplimiento. En caso de incumplimiento, no se trata de si habrá sanciones, sino de cuándo ocurrirán.

Garantizar el cumplimiento y mitigar los ciberriesgos exige un enfoque estratégico y proactivo. Las organizaciones deben tratar la Ciberseguridad como una prioridad al más alto nivel, integrándola en la estrategia empresarial global.

Esto requiere una mentalidad integral, transversal y holística:

En nuestras estrategias digitales nadie debe quedar fuera, las personas son el centro.

■ La implicación de todas las partes de la organización es esencial para impulsar iniciativas de cumplimiento, asignar recursos y fomentar una cultura de seguridad.

Gobernanza sólida como palanca de resiliencia

Sin una gobernanza sólida (sabemos que cuesta, pero también hay que tener mentalidad para transformar e impulsar el cambio), los esfuerzos y sinergias en Ciberseguridad pueden quedar fragmentados, dejando a las organizaciones expuestas tanto a sanciones como a ciberataques.

La urgencia de cumplir con la NIS2 nunca ha sido mayor. Más allá de las consecuencias financieras, auditorías de última hora y revisiones de seguridad pueden interrumpir las operaciones corporativas y debilitar el posicionamiento competitivo.

Por el contrario, aquellas organizaciones que desarrollen capacidades proactivas en gestión de Ciberseguridad y cumplimiento a tiempo, en clave de prevención y anticipación, obtendrán una ventaja estratégica y competitiva al demostrar resiliencia y fiabilidad en el mercado.

La Ciberseguridad como activo estratégico

Hoy en día, la gobernanza de la Ciberseguridad es una responsabilidad fundamental de la C-suite. Desde el gobierno corporativo (consejos de administración incluidos) debe priorizarse la inversión en capacidades digitales como parte integral de las estrategias de gestión de riesgos.

Integrar el cumplimiento en la dinámica operativa refuerza la postura de seguridad, aumenta la confianza de las partes interesadas y asegura la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

El cumplimiento ya no consiste solo en evitar multas: representa una oportunidad clave para construir organizaciones resilientes y competitivas en un mundo digital. Las organizaciones que traten la Ciberseguridad como un activo estratégico no solo cumplirán con la normativa, sino que se posicionarán como líderes en seguridad y confianza.

Ignorar el cumplimiento ya no es una opción.

■ Las organizaciones deben actuar ahora para asegurar su futuro, mitigar los ciberriesgos e impulsar un crecimiento adaptativo y sostenible en un entorno digital cada vez más complejo y exigente.

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